Sobre la nueva Ley de la Vivienda en Cuba

La vivienda, tema delicado en la cotidianidad cubana renueva su marco legal. La esperadísima Ley General de la Vivienda fue publicada este 26 de abril en la Gaceta Oficial de la República.
 
Para este propósito se planifica, organiza y promueve la construcción y reparación de viviendas por, microbrigadas; empresas y otras entidades estatales; cooperativas de producción agropecuarias y por esfuerzo propio de la población ya sea uno o más individuos.
 
Además se buscan soluciones al déficit habitacional a través de la edificación por parte del Estado, por la acción de la comunidad y la población, siempre priorizando la participación de los trabajadores organizados en microbrigadas y la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población.
 
Igualmente se establecen regulaciones sobre la trasmisión de la propiedad de los solares yermos, con la intención de preservarlos para planes del desarrollo económico y social del país, así como ordenar la compensación correspondiente a sus propietarios cuando no puedan disponer de los mismos.
 
La nueva Ley busca el establecimiento de normativas para la transferencia de la propiedad de las viviendas que el Estado construye o queden disponibles; así como pautar el régimen jurídico de aquellas que son propiedad estatal y han sido entregadas en arrendamiento.
 
Por otro lado se plantea propender el asentamiento del personal de los centros de trabajo o unidades militares, a través de una categoría especial de viviendas vinculadas o su asignación como medios básicos de esas entidades.
 
Además esta Ley contiene regulaciones sobre el régimen jurídico de las viviendas de propiedad personal; los edificios multifamiliares; las viviendas en zonas rurales; las viviendas ubicadas en zonas de alta significación para el turismo; el Registro de la Propiedad de la Vivienda y los procedimientos para resolver las reclamaciones, las declaraciones de derechos y los litigios en torno a dicho bien.
 
No se legalizará con ella ningún delito vinculado al tema, solo aquellos casos que se adecuen a las regulaciones urbanas y territoriales, con excepción de aquellos sujetos a sentencias penales.
 
Se busca así la regularización y el ordenamiento y entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.